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La Incapacidad Permanente, en sus diferentes graduaciones, nace como una prestación del Sistema Español de Seguridad Social, con la vocación de suplir el déficit de ingresos que sufre un trabajador cuando, por causa de enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral. La materia se presta a discusión desde el inicio. Se trata de valorar un elemento complejo: la capacidad laboral residual de un trabajador. Estamos ante un dato que debe ser objetivado para su calificación, pero que guarda íntima relación con el sujeto pasivo de la dolencia. Cada persona vive esa situación de un modo diferente, subjetivo. Así pues, la polémica está servida. Los órganos administrativos con frecuencia no satisfacen las peticiones formuladas por los trabajadores lesionados y los temas se judicializan. De este modo, se configura el elenco de profesionales que intervienen en la gestión de la prestación de Incapacidad Permanente, a partir de la solicitud del particular: Abogados de parte, Administración pagadora (Mutuas) y Jueces. Ellos constituyen el grupo de autores de este libro.