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En un Estado de derecho es inconcebible que el Juez Constitucional, quien debería garantizar la supremacía de la Constitución y sus valores, pueda llegar a ser el instrumento para al contrario garantizar la violación impune de la Constitución por los otros órganos del Estado, para asegurar la destrucción del Estado de derecho o el desmantelamiento de la democracia, o incluso para convertirse en el instrumento para implementar y sostener un régimen autoritario. Y ello es precisamente lo que ha ocurrido en Venezuela, tal y como se analiza con todo detalle en esta obra de profesor Allan R. Brewer-Carias sobre Dictadura judicial y perversión del Estado de derecho. La Sala Constitucional y la destrucción de la democracia en Venezuela, donde analiza en particular lo ocurrido durante los primeros meses de 2016 luego del triunfo de la oposición política en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, tiempo durante el cual en particular, el Juez Constitucional asumió la misión de impedir que la representación popular encarnada en la nueva Asamblea Nacional pudiera ejercer sus funciones constitucionales. Y así, sucesivamente mediante sentencias "constitucionales," fue impidiéndole incluso hasta ejercer su poder de legislar sin el visto bueno previo del Poder Ejecutivo; desojándola de sus poderes de control político sobre el gobierno y la Administración Pública; impidiéndole revisar sus propios actos, e incluso condenando y prohibiendo a la Asamblea el poder manifestar públicamente su voluntad política mediante acuerdos. Ello ha sido obra de un Juez Constitucional sometido al control político por parte del Poder Ejecutivo, que ha convertido a Sala Constitucional del Tribunal Supremo en el agente más artero al servicio del autoritarismo, distorsionando la propia Jurisdicción Constitucional que ha quedado convertida en el principal instrumento para destruir la democracia, dando origen a un perverso sistema de dictadura judicial, que funciona en el marco de la fachada de