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Hace ya algunos años que desde diversos sectores de la doctrina penal se viene poniendo de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una modificación del sistema de penas del Código Penal de 1995 para adecuarlo a las formas de criminalidad propias de la actual sociedad del riesgo. En este contexto, las penas privativas de derechos políticos y profesionales se perfilan como una de las categorías punitivas llamadas a experimentar un importante desarrollo, en la medida en que parecen adecuarse a la perfección a las características de las más modernas modalidades delictivas. Sin embargo, la escasa atención prestada en España a esta categoría penal por la doctrina y el Legislador ha conducido a una regulación anclada en la tradicional concepción infamante y ajena, en muchos de sus aspectos, a los principios del Derecho Penal propio de un Estado social y democrático de Derecho. En este contexto, el presente libro pretende sentar las bases sobre las que, en un futuro, habrá de asentarse el diseño de un nuevo modelo regulativo de las penas privativas de derechos políticos y profesionales que, además de sacar el máximo partido a su importante potencial preventivo general y especial, se adecúe a las exigencias preventivas de las formas de criminalidad emergentes y sobre todo a los principios y exigencias del Derecho penal democrático.