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La política de descentralización en México fue instrumentada hace más de tres décadas. El proyecto tuvo múltiples propósitos. Entre los más trascendentes se consideran: aliviar el déficit fiscal del gobierno federal, y completar el sueño federalista de tener gobiernos municipales con la capacidad de aportar a la calidad de vida cotidiana de sus habitantes. La autonomía municipal fue enunciada desde la constitución mexicana de 1917. Sin embargo, ésta se concretó varias décadas después, hasta alcanzar la formalidad en el año 1999. Fue entonces cuando se reconoció a los gobiernos municipales como el tercer orden de gobierno de la federación. Aun así, la descentralización municipal no transformó sustancialmente el modelo federal, pues continuó siendo un federalismo dual centralizado, donde cada orden de gobierno tiene atribuciones muy específicas, excluyentes, y predominan las atribuciones para el gobierno federal. En 1983 dio inicio la descentralización enfocada en los municipios; aunada al ascenso de la democracia, ambas se convirtieron en dos fuerzas para los gobiernos locales y sus procesos de gobernabilidad. En suma, como señala Pardo (2006), “la descentralización se concibe como una herramienta que permite hacer frente de una manera distinta [a] la acción pública” (p. 115). Después de tres décadas, el saldo de la descentralización municipal (para algunas instituciones como el IMCO1), es pobre en la medida que los gobiernos municipales no tienen buen desempeño; hay mala coordinación intermunicipal; existen grandes déficit de servicios públicos; hay problemas de inseguridad severos; y además, un manejo financiero ineficiente.