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El divorcio difícil y conflictivo impide la atención adecuada de las necesidades básicas de los menores, sobre todo las emocionales, que al no ser contempladas en toda su dimensión ni por los padres —atrapados en la red de sus sentimientos más negativos y superados por las guerras consecuentes— ni por los profesionales de los distintos servicios —a veces limitados por la precariedad de recursos, o la parcialidad de sus visiones— ni por los juzgados intervinientes —ineficaces ante situaciones tan complejas— se configura una situación de maltrato emocional grave que deviene posteriormente en maltrato institucional. Obligados a intervenir desde un ámbito público exponemos aquí la intervención sistémica que desarrollamos desde los servicios sociales con estas familias, y con los menores para rescatarlos del horizonte catastrófico al que están abocados, y de camino prevenir la transmisión intergeneracional de los malos tratos. Si consideramos al niño como la parte más vulnerable de la estructura familia, escuchar y recoger su dolor y su sufrimiento, que tan fácilmente puede resultar eclipsado, nos permitirá no solo valorar los riesgos o daños que sufren, sino que se constituye en el mejor acicate para que los progenitores recuperen las deterioradas capacidades parentales. Pero desarrollar tratamientos adecuados para afrontar la problemática de estas familias requiere de una serie de mejoras sociales, entre las que consideramos de vital importancia la articulación operativa de la intervención judicial —encaminada a arbitrar y formalizar la ruptura— con la intervención familiar —encaminada a promover una sana coparentalidad— sin olvidar la formación de los distintos operadores, y la optimización de los procesos de coordinación.