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Contemporáneamente el Estado brasileño está personificado por grupos de poder oligárquicos anti-indígenas, destacadamente los vinculados al agro-negocio, a la minería y a la producción y consumo de energía. Las normas constitucionales protectoras de los indígenas, consideradas punto meritorio del ordenamiento jurídico nacional, están seriamente amenazadas por el grupo parlamentario «bancada ruralista» del Congreso Nacional. La prioridad del Poder Ejecutivo está centrada en el crecimiento económico a cualquier precio. El discurso de las elites dirigentes brasileñas contrarias a los intereses indígenas y la implantación de la hidroeléctrica de Belo Monte (Amazonia) sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de diversos grupos étnicos nativos, demuestran la postura autoritaria y arbitraria de las fuerzas anti-indígenas que dominan el Estado brasileño.