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El surgimiento de las sociedades pluralistas y multiculturales, a la par de la equidad o justicia social como contrapartida a la eficiencia del mercado, ha traído consigo la aparición de casos trágicos y difíciles en los que, ante la presencia de varias alternativas responsivas a situaciones problemáticas, obligan al juzgador a justificar las premisas elegidas. Ya no le basta con conocer las directivas del derecho. Su nueva función le exige elegir el mejor significado atribuible entre las varias posibilidades que le ofrece el ordenamiento jurídico, tomando en consideración un contenido más explícitamente lleno de principios y valores que colisionan constantemente. El nuevo juez debe argumentar. Asumir posiciones. No como criterio de verdad sino de validez decisional. Ello ha permitido que las altas cortes, con un activismo desbordado -según algunos- consideren que su función es hacer justicia social, redistribuir la riqueza y, por qué no, imponer sus ideologías. Otros, en cambio, consideran que el discurso jurídico práctico racional tiene límites. Entienden que el juez solo puede ponderar entre los distintos principios positivados. De eso trata esta obra.