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La obligación de los poderes públicos de proteger los derechos de las personas con discapacidad, de favorecer su desarrollo personal y su integración social, es norma común en la legislación vigente y las recomendaciones de los organismos internacionales. El Plan concibe a las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho, que pueden y deben contribuir al desarrollo de la sociedad. Éste es el marco para trabajar conjuntamente en las acciones de apoyo que se precisen para lograr una sociedad más justa y solidaria, enriquecida por la diversidad, donde la calidad de vida sea un bien común y todos tengan oportunidades para el desarrollo personal. 06.